Es ya un lugar común afirmar que las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación han modificado las condiciones en las que se crea, distribuye y accede a la cultura en nuestros días. La indiferencia con la que se asiente a esta afirmación lleva, sin embargo, a minimizar –si no es que a obviar enteramente-- las implicaciones que estas condiciones tecnológicas fijan en múltiples ámbitos de la vida social: desde las prácticas laborales hasta los modos de consumir pasando por la disolución de las funciones supuestamente estancas de creadores y receptores. Sutil e irreversiblemente las TIC han incidido en el ámbito laboral, legal, económico y educativo. El caso más notorio que manifiesta esta transformación ha sido la preponderancia e importancia cobradas en los últimos años por las leyes de derechos de autor a nivel internacional. 

La vigencia y alcance de estas leyes parecen ser innegociables y cada vez tienen más peso en los acuerdos comerciales y en los marcos legales nacionales. La revitalización de una legislación surgida originalmente en el siglo XIX para proteger los derechos de los creadores parece responder hoy a la necesidad de regular –y sancionar– unas prácticas de distribución y acceso a la cultura que merman directamente los beneficios económicos de los empresarios y gestores culturales más que los de los productores. Las nuevas regulaciones y reformas legales que buscan aggiornar los derechos de autor para ajustarse a las situaciones provocadas por las TIC son cada vez más restrictivas y acotan y condicionan los derechos de los ciudadanos a acceder a los bienes culturales: desde imposibilitar el derecho a la copia privada con los dispositivos DRM a poner en entredicho los usos paródicos, de cita o apropiación de materiales protegidos a contemplar la desconexión a internet de usuarios que descarguen dicho material sin pagar o a multas astronómicas de hasta 54.000 dólares por canción por bajar ilegalmente música de un sitio web P2P.

Sin embargo, a pesar de todo lo que está en juego en esta situación, el gran y más acuciante problema que acecha al debate sobre las posibilidades y retos que para el acceso y desarrollo cultural tienen las TIC es su reducción a un conjunto de cuestiones técnicas de orden legal y, si acaso, económico. A saber, reducir todo el abanico de cuestiones generadas por las TIC a la “piratería” y a cómo cobrar regalías. Uno de los objetivos que se busca con El Señor de los Archivos. Debates sobre autoría, titularidad y derechos es mostrar cómo terrenos aparentemente inconexos –laboral, económico, legal, educativo– están ligados de un modo determinante. De este modo, de un parte, hay que ampliar el campo de indagación y preguntarse qué lugar ocupan las leyes de derecho de autor en el nuevo entorno productivo donde el trabajo creativo es ineludible para proveer ideas, procesos y productos innovadores que sustenten el continuo crecimiento económico: ¿la legislación estimula o frustra la experimentación y la innovación? ¿Las actuales fuentes de creación e innovación son individuales o sociales? De otra parte, hay que establecer conexiones entre esas áreas supuestamente autónomas: qué peso tienen, por ejemplo, las leyes de derecho de autor para el desarrollo económico, para administrar las prácticas y saberes colectivos que se han expandido al amparo de las TIC o para lastrar nuevas políticas educativas o el derecho al libre acceso a la cultura. Se trata, así, de complejizar los modos de abordar y conceptualizar los vínculos entre TIC y cultura de modo que las reformas legales, la definición de políticas públicas de educación y cultura y los reclamos de los creadores que operan en condiciones precarias se definan a partir de los heterogéneos pliegues que conforman esta situación.

Alberto López Cuenca (MÉX)
Coordinador Académico